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Hace apenas unos días publicaba un articulo en el que denunciaba públicamente un episodio más de los que ya nos tienen acostumbrados algunas de las compañías de telefonía de este país. Titulado «Así quiere robarme Vodafone, relato de una auténtica estafa», rápidamente el caso alcanzó una fuerte repercusión llegando a portada en algunas de las webs de noticias mas importantes de España como Menéame o Bitácoras. Más de treinta mil visitas al artículo en apenas unas horas, cientos de comentarios entre el blog y las webs de noticias y sobre todo la difusión del caso por Twitter que bajo el hashtag #AsiRobaVodafone comenzó a recorrer esa red social de forma imparable.

El movimiento de la empresa Vodafone fue inmediato. A pesar de estar en domingo se puso en contacto conmigo una directiva del departamento de Operaciones de Clientes de la empresa, la cual me garantizó que habían estudiado el caso en profundidad (sic) y que procedían a anular cualquier tipo de deuda que constara en sus archivos o los de cualquier empresa de gestión de impagados así como a emitir una factura rectificativa a mi nombre y a pedirme un millón de disculpas. Pocos días después me llegaron los documentos que acreditaban que efectivamente todo se había hecho como me dijo la amable señorita.

El final de la historia ha sido feliz, por supuesto, y ha sido justamente el buscado y deseado por mi. No obstante todo lo ocurrido merece algunas reflexiones por mi parte:

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Que la mayoría de las grandes empresas de comunicación que operan en este país con más o menos escrúpulos hacia sus clientes gozan de una posición dominante que les permite realizar todo tipo de abusos a los derechos de los consumidores es algo indiscutible: Desde una presunción de veracidad sorprendente ante las famosas empresas de gestión de los llamados «ficheros de morosos» en los que para incluir a una persona basta «su palabra» pero para que lo anulen aún demostrando tener razón hay que acudir a mil y una instancias legales; hasta abusos e incumplimientos de lo más variopinto respecto a las condiciones que previamente han pactado con sus clientes. Todo ello además gozando de una total impunidad posterior que les permite hacer y deshacer con la gente a su antojo, sin responder por sus errores ni pagar por sus abusos.

Son conocidos y tristemente habituales los casos de incumplimiento de lo pactado: velocidades que no llegan ni de lejos a lo contratado, servicios lamentables con cortes y desconexiones, errores de facturación con cobros indebidos que te devolverán «el mes que viene», y por descontado, la ya nombrada posición de poder que les permite hacer y deshacer todo esto a su antojo sin posibilidad alguna de reacción de los clientes que no pueden pasar de un pataleo ante un lamentable e ineficaz servicio de atención al cliente. Todo un despropósito.

No obstante, cuando creíamos haberlo visto todo en los pisoteos a los derechos de los clientes por empresas como Vodafone, que ostenta el triste record de ser la más denunciada por sus usuarios,  el abuso llega a extremos sorprendentes que sobrepasan lo legal y entran de lleno en el terreno de lo moral y penalmente denunciable, produciéndose auténticas estafas como la que hoy, en ThinkFuture, vamos a denunciar públicamente.

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