Que la mayoría de las grandes empresas de comunicación que operan en este país con más o menos escrúpulos hacia sus clientes gozan de una posición dominante que les permite realizar todo tipo de abusos a los derechos de los consumidores es algo indiscutible: Desde una presunción de veracidad sorprendente ante las famosas empresas de gestión de los llamados “ficheros de morosos” en los que para incluir a una persona basta “su palabra” pero para que lo anulen aún demostrando tener razón hay que acudir a mil y una instancias legales; hasta abusos e incumplimientos de lo más variopinto respecto a las condiciones que previamente han pactado con sus clientes. Todo ello además gozando de una total impunidad posterior que les permite hacer y deshacer con la gente a su antojo, sin responder por sus errores ni pagar por sus abusos.

Son conocidos y tristemente habituales los casos de incumplimiento de lo pactado: velocidades que no llegan ni de lejos a lo contratado, servicios lamentables con cortes y desconexiones, errores de facturación con cobros indebidos que te devolverán “el mes que viene”, y por descontado, la ya nombrada posición de poder que les permite hacer y deshacer todo esto a su antojo sin posibilidad alguna de reacción de los clientes que no pueden pasar de un pataleo ante un lamentable e ineficaz servicio de atención al cliente. Todo un despropósito.

No obstante, cuando creíamos haberlo visto todo en los pisoteos a los derechos de los clientes por empresas como Vodafone, que ostenta el triste record de ser la más denunciada por sus usuarios,  el abuso llega a extremos sorprendentes que sobrepasan lo legal y entran de lleno en el terreno de lo moral y penalmente denunciable, produciéndose auténticas estafas como la que hoy, en ThinkFuture, vamos a denunciar públicamente.

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